El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros de hoy al real decreto que regula el autoconsumo eléctrico, es decir, las condiciones en las que los consumidores pueden abastecerse de energía vía, principalmente, de paneles solares domésticos.
El real decreto sobre autoconsumo es una de las últimas piezas del puzzle de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno del PP a lo largo de la legislatura. La postura sobre cómo regular el autoconsumo por parte de Industria ha sido clara, al obligar a los consumidores que usan las placas solares y están conectados a la red a pagar peajes para el mantenimiento de la red eléctrica.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que este real decreto que regula las condiciones para realizar el autoconsumo tiene por objetivo “impulsar la generación distribuida” y “darle un impulso a la utilización de las energías renovables”.
El titular de Industria subrayó que el autoconsumidor no pagará el importe de la energía, ni los impuestos, ni los peajes, siempre que la instalación no este “enganchada a la red”, pero sí que contribuirá a los costes de partidas como el sistema eléctrico, el déficit de tarifa acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables y los pagos por capacidad.
Durante la polémica tramitación de esta normativa, el argumento del ministerio, compartido por las grandes eléctricas, es que eximir del pago del peaje supondría una subvención a costa del resto de consumidores. En la práctica, supone que los clientes que tengan su propia fuente de generación pero necesiten conectarse a la red eléctrica como respaldo pagan como un consumidor estándar.
El reglamento reconoce dos exenciones a las que se les exime de estos costes; los pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW y las extrapeninsuales (Canarias y Baleares). En este caso, Soria reconoció que la exención para los territorios extrapeninsulares es necesaria, ya que el coste de producir electricidad en ellos es “hasta cuatro veces superior” a la Península. “Son sistemas que son islas energéticas y el autoconsumo es un sistema de reducir el coste de generación en ellos”, dijo.
Dos modalidades
Según indicó Soria, el nuevo marco para el autoconsumo reconoce dos modalidades, una primera que supone tener una instalación sólo para autoconsumir, que no podrá ser de más de 100 kilovatios (kV) de potencia, mediante la que se podrá verter a la red el sobrante de electricidad pero no podrá ser vendido.
La segunda modalidad, para instalaciones de más de 100 kilovatios de potencia, permitirá verter y vender el sobrante, pero para ello se deberá estar inscrito en el registro de productores de electricidad.
Críticas
Las cargas incluidas en la normativa de hoy se suman al peaje sobre el término de potencia, si bien este pago siempre ha sido aceptado por el sector de renovables. Las asociaciones fotovoltaicas han criticado la normativa porque, a su juicio, los cargos que establece para los usuarios conectados a la red pretenden impedir su desarrollo.
La Unión Española Fotovoltaica (Unef) considera que los cargos pretenden frenar el desarrollo de esta actividad, al mismo tiempo que resultan discriminatorios con respecto a otros sistemas como el vigente para las centrales de generación. A su juicio, en lugar de “entorpecer” esta actividad, el Gobierno debería impulsarlo como medida de ahorro y eficiencia energética que, además, contribuiría a aumentar la competitividad de las empresas de servicios y pymes.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha tachado la normativa de “esperpéntica” por haberse aprobado “sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible”.
Además, considera que el autoconsumo “aportaría ventajas competitivas inmediatas para las empresas española, empleo y riqueza, así como una mayor renta disponible para el ciudadano que optara por esta modalidad” de suministro eléctrico.